Conocidas en el ámbito internacional como Agencias de Calificación Crediticia
(“Credit Rating Agencies”-CRA-), están ubicadas en el punto
más candente del escenario económico y político internacional. Eliminaron la
nota máxima a EE.UU. en agostode 2011 y rebajaron de un plumazo, a partir de enero de
2012, la calificación de la mayoría de países europeos, de sus bancos y el
fondo de rescate que crearon.Y recién entonces, fueron blancos de las críticas más
acerbas. Esta vez no fueron
funcionarios de segunda línea. De manera personal lo
hicieron quienes presiden los paí-
ses más poderosos del planeta.
Se está reproduciendo un problema similar al papel de las
auditoras a inicios de este
siglo (fines del 2001), donde los informes de Arthur
Andersen sobre la multinacional
energética de origen estadounidense Enron, se convirtió en
la piedra del escándalo debido a la compleja trama de conflicto de intereses.
Tal como en aquella oportunidad nos ocupamos de las grandes
empresas de auditoria, ahora lo hacemos con las calificadoras debido a la
íntima relación que tienen estas
actividades con la profesión de ciencias económicas.
Las agencias de calificación se encargan de valorar el
riesgo del crédito privado y
público a través de los productos financieros ofertados. O
de otra forma el nivel de solvencia o capacidad de pago del emisor.
Quienes adquieren esos valores en el mercado financiero son
los usuarios de la información, pero el costo de esa evaluación corre a cargo
del emisor de títulos.
Cada agencia utiliza su propia escala de medición del
riesgo, aunque las más importantes utilizan un cartabón muy similar. La
clasificación básica es entre productos con
“grado de inversión” y productos con “grado especulativo”.
Y cada una de ella posee
distintos niveles.
El FMI ha estudiado el tema (Global Financial Stability
Report-2010), y computa
74 de esas agencias en el mundo, aunque advierte que sólo
tres de ellas (“the big three”:
Fitch, Moody´s y Standard and Poor´s -S&P-) conforman el
grueso de la actividad.
Según algunos observadores, al menos el 90% del mercado.
Las acusaciones están referidas a problemas de mala praxis.
Pero allí se mezclan
problemas metodológicos, éticos y transparencia. Y todo esto
potenciado por regulaciones incorrectas.
La salida al problema la encontramos en una resolución de la
justicia española que
investigó y desestimó una denuncia penal contra las
calificadoras
En una de las fases intermedias del juicio, la Fiscalía Anticorrupción
de ese país,
junto a su oposición a investigar penalmente el caso, por no
existir indicios de delito,
emite apreciaciones sobre el verdadero problema:
a) Reconoce que la baja de notas perjudicaron a España por
su efecto directo en el costo del
financiamiento.
b) Sería un absurdo que esas agencias elaboren informes que
afecten a los inversores financieros, tal como parece sugerir la denuncia.
c) A las agencias puede reprocharse ineptitud para prever o
anticipar, pero no encuadra en un
delito penal. 2
d) Observa con preocupación un cierto “seguidismo”o
tendencia procíclica tanto en la fase ascendente como descendente del ciclo
económico. (Ídem anterior).
En este sentido dicho informe de origen jurídico coincide
con las conclusiones del estudio
realizado por el FMI. El problema central de las
calificadoras es el efecto procíclico sobre la
macroeconomía. Y esa prociclidad es el eje de su análisis.
¿Como podemos probar qué es el problema central? Supongamos
por un momento
que se corrigen todos los problemas regulatorios y las
calificadoras pasan a ser un dechado de técnica, ética y transparencia. En ese
caso, podemos afirmar que los problemas
básicos que hoy existen, seguirán en el tapete.
Cuando los lideres políticos lanzan sus diatribas contra las
calificadoras y nos recuerdan (recién ahora) los graves errores cometidos,
suelen agregar a modo de muletilla
algo así como: “nos rebajan la nota justo ahora que hacemos
las cosas bien”.
En buen romance esto significa: mientras el país está en
crisis las calificadoras deberían acompañar a los gobiernos en sus
apreciaciones. No se concibe que en esas condiciones las calificadoras pudiesen
opinar que las medidas adoptadas son insuficientes o
lisa y llanamente incompatibles con los objetivos
planteados, dada la dimensión y carácter de la crisis.
Y resulta casi inevitable que las calificadoras, aún
correctamente reguladas, puedan
llegar a evaluar los efectos de las medidas adoptadas, tanto
de manera positiva como
negativa.
Los efectos procíclicos son el centro del problema. Pero no
derivan sólo de sus errores metodológicos, éticos, de transparencia y de su
actual marco regulatorio, sino del contexto global:
el funcionamiento del mercado financiero, su papel
sobredimensionado en la economía mundial
y la estrecha dependencia del sector público con ese mercado
para su financiamiento.
Son esos mismos líderes políticos que vociferan contra las
calificadoras, los que han
armado, contribuido y/o aceptado esta muy particular forma
para el modelo capitalista.
Y en ese contexto las calificadoras y sus modus operandi son
inevitables. El directivo de
la agencia DBRS con base en Toronto-Canadá, Alan Reid ha
dicho:
“Las calificaciones son parte del entramado de los mercados
globales de capital.
Separarlas del sistema constituye un gran desafío”. (El
Cronista 01-08-2011).
En la medida que la decisión básica en la economía mundial
ha sido la de otorgar
prioridad al flujo financiero por sobre la corriente real,
generar alto déficit del sector
público, y financiarlos en base a mercados financieros
privados, el problema, tal como
se presenta, no tiene solución, y los países en crisis,
desarrollados o no desarrollados,
quedan a merced del volátil temperamento de esos mercados,
cuyos operadores seguirán
consultando los informes de las agencias de calificación.
Resulta inevitable que una calificación negativa, en un
contexto de de crisis sisté-
mica, provoque el efecto denominado “profecía autocumplida”.
Son condiciones de
incertidumbre, donde la desconfianza de los agentes económicos,
en particular, respecto
a las decisiones del sector público, hace que cualquier
información que surja de los
mercados y que ellos reputen como verdadera, induzca
comportamientos en “manada”
que convierten en real cualquier información por falsa que
resulte. Es el caso habitual
de las corridas bancarias y cambiarias frente al más leve
rumor.
El problema no son las calificadoras. La cuestión deriva de
detentar una crisis
sistémica. 3
Todo esto nos lleva a pensar que la salida real del problema
consiste, no sólo en una
regulación correcta, sino también en superar las actuales
condiciones de crisis sistémica
de los países y la fuerte dependencia del financiamiento del
sector público en los mercados financieros privados. En la medida que estos problemas
no puedan ser dominados, el enfrentamiento con las calificadoras proseguirá en
el futuro, igual que en la actualidad, cualquiera fuesen los cambios
regulatorios instrumentados.
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